| Los rostros detrás del fraude |
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Las recientes acusaciones sobre fraude en programas del Departamento de Educación que prestan servicios a grupos desaventajados y al seguro de salud Medicare, evidencian la crisis de integridad y honestidad de algunos empleados, funcionarios y profesionales que laboran, tanto en agencias de servicio público como en organizaciones privadas. Es sorprendente la recurrencia de estos actos de corrupción en la última década por parte de algunos individuos para obtener beneficios personales y en perjuicio de los grupos más necesitados, discriminados y oprimidos de nuestra sociedad. Son muchos los que se ven a diario afectados por no tener acceso a unos servicios que requieren para mejorar su calidad de vida, como son los enfermos, los envejecidos, los niños con impedimentos, las madres solteras o las comunidades de escasos recursos, entre otros.Ciertamente, los resultados de estas recientes investigaciones ponen de manifiesto que nos equivocamos al pensar que situaciones como el lamentable fraude en el Instituto de Sida, no volverían a repetirse. Condenamos la conducta de los funcionarios públicos y de los profesionales implicados en actos de corrupción. Esto nos resulta incongruente con los postulados que contiene la Ley de Ética Gubernamental que aplica a los empleados públicos y con los códigos de ética que aplican a los profesionales, los cuales establecen la manera moralmente correcta de orientar la práctica profesional actuando de forma correcta.Las conductas inmorales antes señaladas contravienen además las normas de sana administración que se exigen, tanto en el servicio público como en la empresa privada, a sus empleados. Esencialmente, dichas normas establecen que ningún funcionario o empleado utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos de su agencia u organización para obtener directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley. Observar dichas normas evita cualquier tipo de conducta inapropiada y que se afecte adversamente la confianza de los ciudadanos en la integridad y honestidad del funcionario público y de los profesionales.Lamentablemente, a pesar de la existencia de normas generales de derecho y sana administración, de las exigencias éticas a los funcionarios, de políticas de procedimiento fiscales, de auditorías, de arrestos y condenas previas a funcionarios corruptos, el germen de la corrupción se mantiene latente y, al menor descuido, resurge y se extiende. Para prevenir este mal social, las agencias deben establecer sistemas de fiscalización administrativas ágiles, continuas, consistentes y con diversos niveles de monitoría, que faciliten la rápida detección de cualquier acto ilegal.Se deben establecer sistemas de evaluación de los servicios y niveles de satisfacción por parte de los clientes, con las garantías suficientes para que las denuncias de irregularidades lleguen a los que tengan la responsabilidad de auditar éstos. Entendamos que debe penalizarse cualquier acto de indiferencia de los responsables por garantizar el buen uso de los fondos, pues es tan responsable de la corrupción el que la comete como el que permite que ocurra. Ese tipo de corrupción es un acto de violencia contra los sectores tradicionalmente excluidos del país, compuesto por personas con necesidades diversas. Aunque se procese judicialmente a los culpables, se mantiene el daño irreparable en los que pudiendo ser ayudados en su necesidad, los que no obtuvieron, ni obtendrán dichos beneficios.Es preciso que demos un primer paso en nuestro carácter personal. Debemos de hablarles de principios y valores éticos a niños y jóvenes para que tengan marcos de referencia para actuar. Los adultos y los profesionales debemos educar mediante la conversación diaria sobre la importancia de dirigir los actos de la vida y el trabajo tomando en consideración principios verdaderos y universales. Los rostros de la corrupción son rostros comunes y cotidianos de personas que actuaron incorrectamente. Son esas conductas las que condenamos y quisiéramos que nunca hubiesen ocurrido. Gloria Rivera Centeno |